Buscan demoler el tinglado legal que ha soportado 47 años la guerra a las drogas


La tendencia para 2030 es reenfocar leyes internacionales hacia los criterios por la salud de 1961, sustituidos en 1988 por consideraciones injerencistas de amenazas para el Estado; cárceles mexicanas, llenas por consumo de drogas

Buscan demoler el tinglado legal que ha soportado 47 años la guerra a las drogas

El presidente Trump y Kim Kardashian. Foto captada de Internet



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Septiembre 27, 2018 07:09 hrs.
Justicia Internacional › México
Justo May Correa › enbocaspalabras

Kim Kardashian West visitó la Casa Blanca a finales de mayo de 2018 para abogar personalmente por Alice Marie Johnson ante el presidente Donald Trump. Tan sólo una semana después, el 6 de junio, el presidente Trump decidió conmutar la sentencia a cadena perpetua de Alice Marie, una mujer de 63 años que cumplía ya 22 años en prisión por un caso de drogas considerado ofensa no violenta.

Y es que en 2012 cumplían cadena perpetua en cárceles de Estados Unidos unos 160 mil consumidores de drogas reincidentes, según estadísticas del Departamento de Justicia analizadas por The Sentencing Project, ello como consecuencia del endurecimiento de penas por consumo y tráfico de estupefacientes.

En el caso de México, el 80% de las mujeres y 60.2% de los hombres internados en los centros penitenciarios federales están sentenciados por delitos contra la salud, con edades que fluctúan entre 31 y 40 años; tienen hijos 88.4% de las mujeres y 78.8% de los hombres. Esos hijos enfrentan fuertes desventajas sociales.

El 88% de las mujeres internadas en los centros federales están sentenciadas por delitos contra la salud no violentos, sólo por delitos de drogas; 91.6% nunca ha portado un arma, no cuentan con antecedentes penales; 98.9% de ellas no han sido sentenciadas previamente.

Para hacer una muestra representativa de la situación, expertos estudiaron los casos de 821 internos sentenciados: 726 hombres y 95 mujeres, levantada en el año 2012 en cinco centros de reclusión del Complejo Penitenciario Islas Marías, en el estado de Nayarit: ’Morelos’, ’Laguna del Toro’, ’Aserradero’, ’Bugambilias’ y ’Rehilete’, y en los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso): 1, ’Altiplano’, en el Estado de México; 2, ’Occidente’, en Jalisco, y 8, ’Norponiente’, en Sinaloa.

Ya procesados, los datos fueron dados a conocer en los ’Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social’ por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una universidad pública de investigación creada en 1974, perteneciente al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Drogas milenarias, castigos nuevos

Drogas milenarias, castigos nuevos


El hombre, desde su más remoto pasado ha buscado las más diversas sustancias de origen natural, químico o sintético para obtener alivio a los males que lo han aquejado en su estructura física o psíquica, o en su permanente exploración de nuevos placeres.

Una intensa investigación del doctor en Derecho Penal Edgar Saavedra Rojas estableció con claridad, a finales del siglo pasado, que los aborígenes americanos utilizaron la hoja del arbusto de coca (Erytho-roxylon sp) desde varios siglos antes de la llegada de los exploradores europeos.

Y supo que al momento de la Conquista de América la coca tenía ya una tradición de cultivo de al menos 6 mil 500 años, y su utilización por parte de las culturas nativas se había extendido desde Centroamérica hasta el Sur Andino y la Amazonia.

El doctor Saavedra Rojas, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, presentó en Cancún –28 de enero al 1 de febrero de 1991– la tesis “La represión como la única medida utilizada en la lucha contra el narcotráfico y las nuevas alternativas de la misma política en la última Convención de Viena”, como parte del Grupo de Trabajo de Relaciones Internacionales del Caribe, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

En su detallada exposición dijo que el uso de las plantas sicoactivas es uno de los rasgos más extendidos en el tiempo y el espacio de las culturas indígenas americanas.

EEUU declaró hace 47 años la guerra a las drogas


La prohibición al consumo de tabaco en Inglaterra en 1604, y luego a la ingesta de alcohol en Estados Unidos en 1920, son experiencias que, perfeccionadas, se aplicaron años después para prohibir la producción, comercio y consumo de drogas.

A la prohibición del alcohol le llamaron la “Ley seca”. Entró en vigor a la medianoche del 17 de enero de 1920. La Enmienda 18 entró en vigencia y legalmente se puso fin a la importación, exportación, fraccionamiento, trasporte, venta o elaboración de toda bebida alcohólica.

No bien el alcohol entró en la ilegalidad, aparecieron nuevas formas subterráneas de oferta. Millones de personas fabricaron artesanalmente sus propias bebidas. Surgió a partir de la Ley Seca un colosal imperio criminal.

Para 1925 había cien mil bares secretos en las principales ciudades, diez mil de ellos en Nueva York. En la práctica fue imposible controlar el contrabando. Las mafias protegían su negocio a través de sobornos a las autoridades policiales, congresistas y funcionarios federales.

En ese lapso, los homicidios aumentaron en un 78 por ciento en referencia con la década anterior, y la cantidad de convictos federales durante el reinado de la Prohibición aumentó en un 561 por ciento.

El 4 de marzo de 1933, el candidato del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt, asumió la presidencia de los Estados Unidos. Ese mismo año, el Congreso votó la enmienda constitucional que derogó la Enmienda 18. El 5 de diciembre de 1933 se celebró su defunción con un brindis seco.

Estados Unidos declaró a partir del 17 de junio de 1971 la guerra a las drogas y dictó represivas leyes de alcances internacionales a partir de 1988.

La solución está en el origen del problema


El cambio tiene que partir desde las Naciones Unidas. Es en ese ámbito en donde se crearon las condiciones que estamos viviendo, cuando de un problema de salud pública, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y substancias sicotrópicas de 1961 pasó en 1988 a considerar el narcotrático una amenaza para el Estado.

En efecto, sucedió el 19 de diciembre de 1988, luego de varios años de preparación, a través de resoluciones y reuniones de trabajo. El marco fue la Conferencia de Plenipotenciarios convocada por la Organización de las Naciones Unidas y celebrada en la ciudad de Viena, Austria, del 25 de noviembre al 20 de diciembre de 1988.

Es preciso subrayar que es en la década de los ochentas, y con mayor intensidad a partir de 1984, cuando se considera al comercio de las drogas como problema prioritario en el escenario internacional.

En la preparación de este escenario la participación del gobierno de Estados Unidos ha sido crucial, luego de que sancionase sus primeras leyes federales antidrogas hace dos siglos.

Entonces no de extrañar lo que sucede, pues tiene una amplísima experiencia en el uso de este tipo de herramientas para soliviantar ánimos y aparecer como apagafuegos. Por un camino crea el problema y ayuda a resolverlo por el otro.

Mejoraría resultados el combate a la narcoproducción en vez de al producto terminado

Aunque se trata de un modelo equivocado, no hay equivocación en quienes concibieron su aplicación, pues al estar concentrado el combate al comercio de las drogas sólo en el producto terminado, por este camino consiguen la justificación de una injerencista actuación que no alcanzarían de otra manera.

En rigor, la guerra debía ser contra la narcoproducción mediante el control de los inventarios de los precursores o químicos, que no pueden producir los países en desarrollo por carecer de tecnología para ello, sin los cuales los laboratorios no podrían procesar la hoja de coca, siendo en un principio la cocaína el elemento central de la estrategia.

Ejercer el control sobre las sustancias utilizadas en los procesos de producción de la cocaína sería más fácil, menos costoso y con un menor nivel de pérdidas humanas, que ejercer el control y la represión sobre el producto final.

Esto parece cosa de locos, ¿verdad? Pero no. Hay muchas mentes brillantes trabajando en el tema desde hace muchos años.

Las drogas son malas pero la prohibición es peor

El fallecido economista norteamericano Milton Friedman repetía sin cesar que las drogas son malas pero la prohibición es peor.

"Cuanto más peligrosa sea la droga, más importante es acabar con su prohibición y comenzar a controlarla con normas. No podemos seguir dejando elementos tan destructivos en manos de criminales", dijo Neill Franklin, portavoz de LEAP, a la cadena CNN. (LEAP corresponde a las siglas en inglés de “Agentes del Orden Contra la Prohibición”, una organización estadounidense que aboga por la regulación estatal del mercado de drogas).

California despenaliza


Cuando el reloj marcó la medianoche y comenzó 1 de enero de 2018, la marihuana recreativa empezó a ser legal en el estado norteamericano de California, que se convirtió así en el mayor mercado del planeta al entrar en vigor una ley aprobada en 2016 que despenaliza el cultivo, venta y consumo recreativo de marihuana en esa demarcación, considerada una potencia económica mundial.

La firma Arcview, que hace estudios especializado del mercado del cannabis, estima que el mercado crecerá a 22 mil 600 millones de dólares en 2021, desde 6 mil 700 millones en 2016.

Solo en California, calcula será de 5 mil 800 millones de dólares en 2021, 74% del total por uso recreativo.

Sin embargo, la transición que inicia en 2018 no será automática ni tampoco sencilla. Si bien seis estados, más la capital Washington D.C., ya legalizaron el uso recreativo, nada se compara a la magnitud de California.

Los otros estados donde la marihuana recreativa es legal son Oregon, Nevada, Massachusetts, Colorado y Alaska.

Solo la ciudad de Los Ángeles concentrará el mayor mercado de cannabis del mundo.
"El primer o los dos primeros años van a ser un caos", mientras muchas ciudades determinan sus propias regulaciones y se estabiliza el mercado de oferta y demanda, pronosticó Troy Dayton, jefe de Arcview.

California ya había sido pionero al legalizar la marihuana medicinal hace dos décadas.

Pese al fenómeno del estado, la sustancia es considerada una droga ilegal por las autoridades federales y el gobierno del presidente Donald Trump se ha mostrado hostil sobre este tema.

Según la nueva ley, cualquier persona mayor de 21 años puede tener hasta 28.3 gramos de hierba; ya no se necesita receta médica. No se puede consumir en sitios públicos o mientras se conduce un auto; tampoco a menos de 300 metros de una escuela o un lugar con niños.

La producción, distribución y venta de marihuana requiere primero un permiso municipal y luego otro del estado.

Ciudades como San Francisco, San Diego y San José no perdieron tiempo y ya entregaron licencias a varios dispensarios que, con sus permisos estatales.

1.8 billones de pesos, costo de 10 años de lucha, hasta 2016


México está convertido en una carnicería desde hace casi 12 años con casi 200 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos en el marco del combate a las drogas. Adicionalmente, ello ha implicado un gasto de 1.8 billones de pesos en diez años, hasta 2016 y teniendo como resultante que en la misma medida se ha visto restringido el gasto social que debía beneficiar a los mexicanos menos favorecidos y que hoy están peor que hace una década.

En esta guerra, entre 2006 y 2012, se gastaron 790,000 millones de pesos; 97% de ese dinero se usó para la aplicación de la ley y el 3% restante, unos 23,000 millones de pesos, se destinaron a prevención y tratamiento, lo que contempló programas en derechos humanos, de acuerdo con el reporte “La política de drogas en México: causa de una tragedia nacional”, presentado recientemente por el expresidente Ernesto Zedillo ante el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

Están desandando el camino de la prohibición

Partiendo de la base de que ningún presidente de los Estados Unidos actúa por sí solo, las mismas fuerzas que impulsaron en los años setentas la guerra contra las drogas, han iniciado la demolición del tinglado legal que ha permitido hasta nuestros días desarrollar –con un marco legitimado y perfeccionado en 1988– una intervencionista y violenta represión en el mundo, con dedicatoria especial para América Latina.

El modelo –que en 11 años, a julio de 2017, había cobrado en México 188 mil muertos y unos 30 mil desaparecidos– está en sus estertores, y a más tardar en 12 años el tema estará navegando sobre las condiciones que ordenaban las leyes originales de principios y mediados del siglo pasado, que no eran otras que privilegiar la recuperación de la salud de los adictos en vez de verlos como delincuentes.

La Organización de las Naciones Unidas –influida a principios de los ochentas de manera determinante por criterios de Washington para votar leyes represivas que en 2017 seguían considerando al narcotráfico una amenaza para el Estado– está ya desandando el camino recorrido, a fin de arribar al escenario que demandan hoy los 7,350 millones de habitantes del planeta y que en 2030 sumarán 8,500 millones.

Los cálculos para dar este paso en el terreno de la salud –en un escenario más amplio atomizado de aristas– no son ociosos. Todo es movido por el mundo de los negocios y de los nuevos y ventajosos mercados ya avizorados por las grandes farmacéuticas.

Resulta que tres cuartas partes de la población mundial –unos 5,512 millones de personas– todavía tienen escaso o nulo acceso a los medicamentos que contienen estupefacientes y no reciben en grado suficiente tratamiento para el dolor moderado agudo.

En la meta 3.b de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se reconoce la importancia del acceso a medicamentos esenciales, entre los cuales suelen figurar drogas fiscalizadas como la morfina, la codeína, el diazepam y el fenobarbital.

Es preciso asentar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas recoge la voluntad de los Jefes de Estado para revisar el problema mundial de las drogas, una vez que la Asamblea General aprobó, el 19 de abril de 2016, el documento final titulado “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas”.


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