Descubra la trama detrás de la Ley de Seguridad Interior


Se trata del título de un nuevo libro que arroja detalles de la raíz de una estrategia intervencionista que fue desnudada en Cancún en 1991

Descubra la trama detrás de la Ley de Seguridad Interior

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Enero 14, 2018 09:32 hrs.
Política Internacional › México
Redacción › enbocaspalabras

La prohibición al consumo de tabaco en Inglaterra en 1604, y luego a la ingesta de alcohol en Estados Unidos en 1920, son experiencias que, perfeccionadas, se aplicaron años después para prohibir la producción, comercio y consumo de drogas.

A la prohibición del alcohol le llamaron la ’Ley seca’. ¿De qué hablamos? Lo que sigue ampliará nuestra comprensión acerca del tema.

El 16 de enero de 2000, Jorge Göttling escribió para Clarín, de Buenos Aires, Argentina:
En la gélida medianoche del 17 de enero de 1920, uno de los más arraigados hábitos de la sociedad norteamericana hizo un cortocircuito: la Enmienda 18 entró en vigencia y legalmente se puso fin a la importación, exportación, fraccionamiento, trasporte, venta o elaboración de toda bebida alcohólica.

La denominada Ley de Prohibición Nacional, que se conoció en la jerga popular como Prohibición o Ley Volstead (por el diputado abstencionista de Minnessota Andrew Volstead, su principal promotor) ya había sido aprobada el año anterior, a pesar del veto del presidente Woodrow Wilson.

En retrospectiva, el período de trece años en el cual navegó ese noble experimento –según la visión de J. Edgar Hoover, legendario director del FBI–, coincide con el de los tormentosos años 20 y con la era del nuevo jazz.

Los Estados Unidos vivían la especial euforia desatada tras la Primera Guerra Mundial: nueva música, nuevas expresiones de baile y una saludable explosión de la literatura enmarcaban la época.

Se manifestaban las formas primarias del feminismo acompañadas por una suerte de relajamiento de las severas costumbres de la sociedad americana.
En rigor, extraña que en ese especial contexto se impusiera un revival entre místico y puritano, nacido tras la Guerra de Secesión.

Entonces, otras prohibiciones generaron un movimiento de reforma social, que también se centró en el alcohol: aquellos primeros abstencionistas pedían moderación antes que la veda, pero esa tolerancia derivó en la exigencia de prohibir por completo el consumo de licores.

El experimento concluyó en bancarrota, y la llamada Ley de los 15 Galones tuvo efímera duración. Sin embargo, de allí derivaron dos poderosas asociaciones prohibicionistas, la Unión Femenina de Abstinencia Cristiana (WUCTU) y la Liga Antitaberna.

Sus integrantes eran mirados con cierta curiosidad, pero una fuerte presión religiosa los convirtió en adalides de una cruzada que culminaría con la imposición de la Ley Seca.

No bien el alcohol entró en la ilegalidad, aparecieron nuevas formas subterráneas de oferta. En esa situación de bienestar general y de prosperidad, las nuevas estrellas eran la radio, el cine, los espectáculos y los bares.

Millones de personas fabricaron artesanalmente sus propias bebidas y se hizo popular el gin de la bañera, un explosivo y peligroso cóctel elaborado con alcohol puro y aderezos químicos.

Para quienes no estaban dispuestos a exponerse a la toxicidad de esos engendros caseros, se abrieron fuentes clandestinas de expendio, y el contrabando de licores y la fabricación ilegal se convirtieron en un negocio tentador y altamente rentable.

Tan rentable que surgió a partir de la Ley Seca un colosal imperio criminal.

Los speakeasies (bares clandestinos) florecieron en cada una de las ciudades estadounidenses, protegidos por la complicidad de los ciudadanos enemigos de la prohibición.

Lo de hablar bajo era una ironía, puesto que el secreto trasgresor era poco más que un pecado con absolución incluida.

Para 1925 había cien mil bares secretos en las principales ciudades, diez mil de ellos en Nueva York.

En la práctica fue imposible controlar el contrabando. Las mafias protegían su negocio a través de sobornos a las autoridades policiales, congresistas y funcionarios federales.

Ningún estadounidense honesto desde el punto de vista intelectual se habría atrevido a negar que existió una virtual connivencia entre pandilleros y representantes del corrupto poder político de aquella época.

En ese lapso, los homicidios aumentaron en un 78 por ciento en referencia con la década anterior, y la cantidad de convictos federales durante el reinado de la Prohibición aumentó en un 561 por ciento.

La legislación teñida de puritanismo destruyó miles de empleos, fabricó una salvaje violencia en el mercado negro y desvió recursos ante la imposición de otras leyes, al tiempo que dio lugar al protagonismo del crimen organizado.

Forma parte del decorado o del folklore de esa década la imagen mítica de Elliot Ness, un oscuro recaudador de impuestos, devenido por las circunstancias en virtual sheriff de Chicago.

Sus hazañas, reales o ficticias, se agigantaron en una excelente serie televisiva (Los Intocables).

Pero la realidad marca que los 1,550 agentes federales destinados al operativo anti-alcohol no lograron evitar que el 95 por ciento del contrabando de licores llegara finalmente a su destino, el sediento garguero contraventor de los estadounidenses.

Como una orla cruel al destino del experimento abstencionista, el balance resulta suficientemente claro: se aceleró hasta niveles impensados el desacato a la ley, las coimas formaron parte del botín político y policial, el consumo per cápita de alcohol se incrementó en forma manifiesta.

También aumentó el número de muertos por la toxicidad de la ingesta, al mismo tiempo que el crimen organizado se enquistó hasta convertirse en un auténtico poder paralelo.

Un miserable fracaso en todos los sentidos.

El 4 de marzo de 1933, el candidato del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt, asumió la presidencia de los Estados Unidos. Ese mismo año, el Congreso votó la enmienda constitucional que derogó la Enmienda 18.

El 5 de diciembre de 1933 se celebró su defunción con un brindis seco.

Hasta aquí la crónica de Clarín.

Estados Unidos declaró, a partir del 17 de junio de 1971, la guerra contra las drogas que tendrá 47 años de iniciada este 2018. Y dictó represivas leyes de alcances internacionales a partir de 1988, con las funestas consecuencias que todos conocemos, sobre todo en un país tan ensangrentado por este motivo como México.

El fallecido economista norteamericano Milton Friedman repetía sin cesar que las drogas son malas pero la prohibición es peor.

Es conveniente revisar que al momento de la Conquista de América la hoja de coca tenía ya una tradición de cultivo de al menos 6 mil 500 años, y su utilización por parte de las culturas nativas se había extendido desde Centroamérica hasta el Sur Andino y la Amazonia.

"Cuanto más peligrosa sea la droga, más importante es acabar con su prohibición y comenzar a controlarla con normas. No podemos seguir dejando elementos tan destructivos en manos de criminales", dijo Neill Franklin, portavoz de LEAP, a la cadena CNN. (LEAP corresponde a las siglas en inglés de ’Agentes del Orden Contra la Prohibición’, una organización estadounidense que aboga por la regulación estatal del mercado de drogas).

México está convertido en una carnicería desde hace 12 años con casi 200 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos en el marco del combate a las drogas.

La aplicación de cuantiosos recursos públicos a la guerra contra el narcotráfico ha restringido el gasto social que debía beneficiar a los mexicanos menos favorecidos.

México gasta en esa lucha al menos 10 mil millones de dólares cada año, el doble del presupuesto anualizado que requieren las Naciones Unidas para su operación.

Todo eso está a punto de empezar a modificarse.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas recoge la voluntad de los Jefes de Estado para revisar el problema mundial de las drogas, una vez que la Asamblea General aprobó, el 19 de abril de 2016, el documento final titulado ’Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas’.

El ’Informe Mundial Sobre las Drogas 2016’, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) , reconoce plenamente que el problema mundial de las drogas está ligado a todos los aspectos del desarrollo sostenible.

Sin embargo, mientras ese momento llega, sigue su curso el uso político que las represivas normas permiten, dado que para eso se crearon.

En este contexto se inscribe la Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados el viernes 15 de diciembre de 2017 y enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Busca regular 11 años de irregular actuación del ejército mexicano bajo la sombrilla del combate al comercio de las drogas ilegales.

El ejército fue sacado de sus cuarteles para aplacar el descontento social 11 días después de la atropellada toma de posesión el 1 de diciembre de 2006 del panista Felipe Calderón como presidente de México, luego de ganar los comicios por sólo 58 décimas (35.89% contra 35.31%) al candidato izquierdista del PRD Andrés Manuel López Obrador, que infructuosamente impugnó un resultado de la contienda presuntamente fraudulento que incendió gran parte del país.

Con la Ley de Seguridad Interior buscan perpetuar la matanza entre hermanos, continuar las acciones militarizadas bajo la sombrilla del combate al narco, para así justificar una actuación militar que impida –llegado el caso– la instalación de un gobierno no afín a los intereses norteamericanos asentados en el territorio nacional.

Prepárese a adentrarse en esta interesante trama.


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