Aunque pudiera no existir delito que perseguir, es natural que surjan suspicacias acerca de las circunstancias del deceso del comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) Carlos Alberto Bonnin Erales, debido a que el comunicado INAI/364/18 cita que la mañana del lunes 26 de noviembre Bonnin ’perdió la vida a causa de un infarto al corazón’, sin advertir que previamente había caído de un quinto piso.
El INAI la tarde del martes convocó a una conferencia de prensa para aclarar que la primera información se proporcionó con los datos médicos que se tenían a la mano:
La misma mañana de los trágicos hechos, por coincidencia, Animal Político publicaba una información de Procuraduría General de la República (PGR) solicitada por ese medio de comunicación, en el sentido de que esa institución no transparentará, al menos durante los próximos cinco años, la investigación que tiene abierta y en integración por los presuntos sobornos a funcionarios mexicanos de parte de la constructora Odebrecht, pese a que el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) le había ordenado que lo hiciera.
En un documento de 20 páginas proporcionado a Animal Político por la PGR, como respuesta a una solicitud para tener acceso a la versión pública del expediente, la Procuraduría expuso siete motivos por los cuales considera imposible transparentar cualquier dato del expediente.
Dichas razones van desde la interposición de un amparo en contra de la resolución del INAI, pasando por el riesgo de dañar “el buen nombre” de los involucrados, hasta el hecho de que –según PGR- no se puede calificar a este caso todavía como uno de corrupción y, por ende, no puede ordenarse su transparencia.
El pasado 2 de octubre el pleno del INAI había resuelto que por tratarse de un tema de evidente interés público al abordar hechos de corrupción, la Procuraduría debería transparentar las actuaciones que ha realizado sobre este caso, por el cual se iniciaron dos carpetas de investigación por los delitos de posible cohecho y enriquecimiento ilícito.
Mediante el boletín INAI/363/18, el organismo dio a conocer el sábado 24 de noviembre que verificaría si la PGR cumplió con la Ley de Protección de Datos Personales en el uso del software de Pegasus, tecnología con la que habrían sido espiados periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en 2017.
El “Seminario Internacional de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto 2018”, fue el último evento internacional del comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales el miércoles 21 de noviembre, donde actuó como moderador y presentó Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización para los Estados Americanos, OEA, que abordó “La importancia del Parlamento Abierto para la libertad de expresión”.
En México, a través del acceso a la información pública se ha logrado una mejor rendición de cuentas en muchos temas, como el acceso a los archivos para conocer asuntos de graves violaciones de derechos humanos, @EdisonLanza en seminario #ParlamentoAbierto pic.twitter.com/bkpotMWb6B
— INAI (@INAImexico) 21 de noviembre de 2018
Gerardo Felipe Laveaga Rendón, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales y ex presidente del IFAI, dijo que en la arcana imperii (el sigilo, que diplomáticamente se denomina “discreción”, los misterios del gobierno, el engaño, la deliberada falsedad y la pura mentira, utilizados como medios legítimos para el logro de fines políticos), el secreto es algo que caracteriza la lucha por el poder, y para que esto se abra se requiere la participación ciudadana.