Chetumal.- El naciente Tribunal del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, de cinco integrantes, debutó con el pie izquierdo al descubrirse que el aspirante a magistrado Fernando Gama Rodríguez, que figuraba entre las ternas propuestas por el gobernador panista-perredista Carlos Joaquín González, ocultó información acerca de su residencia en el estado, que por ley debía de ser de diez años, cuando en realidad sólo acumula tres.
Sin embargo, pese a todo, ya despacha como tal en este gobierno que sea auto denomina ’Del cambio’.
El sitio www.ipomex.org.mx/ipo/archivos/ cita lo siguiente: ’Fernando Gama Rodríguez estuvo adscrito durante los años 2012, 2013 y hasta el 15 de febrero de 2015 a la Delegación de Asuntos Contenciosos Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, con categoría de Abogado Dictaminador PF (…)’
El abogado Gama Rodríguez presentó un documento avalando su residencia de 10 años expedido por funcionarios del municipio panista de Solidaridad.
A pesar del escándalo que ha generado esta irregularidad en la conformación del ente anticorrupción entre los colegios de abogados de la entidad y ciudadanos en general, Fernando Gama ya despacha como titular de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa de Playa del Carmen.
La diputada local Mayuli Latifa Martínez Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Quintana Roo, acusó a Fernando Gama de ocultar información en su afán de formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa.
La legisladora dijo que se investigará esta omisión y los resultados tendrán que ser valorados por el Congreso. Entretanto, el magistrado permanecerá en su puesto.
Respecto a este tema, el Congreso del Estado divulgó el comunicado siguiente:
“El proceso público y abierto mediante el cual fueron designados los cinco integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, se dio en estricto cumplimiento a la convocatoria y al marco jurídico correspondiente.
“Los currículos, así como toda la documentación que acredita el cumplimiento de cada uno de los requisitos, e incluso los videos de las 66 entrevistas que se realizaron, fueron enviadas al Ejecutivo estatal a fin de que contara con los elementos necesarios para seleccionar a quienes conformarían las binas sobre la cuales, la Diputación Permanente, elegiría a los integrantes del referido Tribunal.
“Al respecto, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, señaló:
‘Es por ello que podemos afirmar que quienes conformaron las cinco binas enviadas por el Ejecutivo, cumplieron con la documentación requerida en la convocatoria emitida el pasado 21 de noviembre.
‘De la información que ha surgido en redes sociales con relación a que el magistrado supuestamente laboró en alguna dependencia pública fuera de Quintana Roo, este Congreso desconoce su veracidad ya que nunca fue mencionada por el interesado en su currículo, ni tampoco al momento de su entrevista. En ambos casos no hizo referencia alguna al desempeño de función pública o privada en el Estado de México. El procedimiento de designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa ha concluido’.
“El Congreso de Quintana Roo a través de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y de la Dirección de Apoyo Jurídico, realizará las investigaciones pertinentes para corroborar la autenticidad de la referida información, así como la repercusión en el procedimiento por medio del cual fue nombrado dicho magistrado.
“El Congreso estará atento a lo que el propio aludido tenga que señalar.
“El presidente de la Gran Comisión dijo que ‘hasta este momento no existe ningún elemento veraz para presumir de alguna irregularidad que se haya cometido por algún participante.
‘El Congreso de Quintana Roo actúa como toda autoridad, de buena fe; se verifica que los documentos que son sometidos a valoración sean los correctos para satisfacer los fines de los interesados que participan en las convocatorias que se han emitido.
‘Reconocemos a todos los que han participado en las diversas convocatorias que está XV Legislatura ha emitido y donde se han nombrado a magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Fiscal General, al Auditor Superior, así como a los titulares de los órganos internos de control de entes autónomos del estado de Quintana Roo’ “.
En vez de convocar al pleno de 25 diputados de un Congreso de Quintana Roo en receso, la diputación permanente de siete legisladores –tres panistas, dos perredistas, uno del PES y otro del Panal– eligieron el 26 de diciembre por unanimidad, de entre las ternas propuestas por el gobernador Carlos Joaquín González, a los magistrados del naciente Tribunal de Justicia Administrativa del estado, que entró el funciones el 1 de enero de 2018.
Este Tribunal es un órgano público autónomo que formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción y se encargará de dirimir las controversias entre la administración pública estatal y municipales y los particulares, así como de fincar responsabilidades por afectaciones a la hacienda pública estatal y municipal, o al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales.
De entre 75 aspirantes, profesionales del Derecho, el gobernador Carlos Joaquín seleccionó a las ternas, colocando en la primera línea al favorito de cada grupo, y las propuso al Congreso que designó magistrados a Alfredo Cuéllar Labarthe, quien durará 6 años en su encargo; Antonio Sánchez Urrutia, 8 años; Fernando Gama Rodríguez, 8 años; Isabel Cecilia González Glennie, 6 años, y Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, 8 años, que luego fue electa por sus compañeros magistrada presidenta.
No cayó nada bien que los nombramientos estuvieran a cargo de sólo siete diputados. Tres panistas: Eduardo Martínez Arcila, Fernando Zelaya Espinoza y Mayuli Martínez Simón. Dos perredistas: José Esquivel Vargas y Emiliano Ramos Hernández, y Carlos Mario Villanueva Tenorio, del PES, y Ramón Javier Padilla Balam, del Panal.