Riesgosas recetas del exterior si AMLO abdica a combatir corrupción e impunidad


Diego Fonseca propone en el New York Times la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, un órgano que en Guatemala es la Cicig, convertida en una entidad injerencista que ha derribado gobiernos, sancionada por la ONU pero bajo el control de EEUU

Riesgosas recetas del exterior si AMLO abdica a combatir corrupción e impunidad

Foto izquierda, marcha de apoyo a la Cicig; foto derecha, marcha de repudio a la Cicig en Guatemala



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Enero 03, 2019 18:10 hrs.
Política Internacional › México
Justo May Correa › enbocaspalabras

Un artículo de Diego Fonseca en el New York Times del miércoles 2 de enero propone la creación en México de un equivalente de la Cicig (nombre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) ante la renuncia de AMLO a combatir la corrupción. ’O la cruzada antiimpunidad fue una promesa vacía de campaña —fácilmente traicionable— o su lectura del escenario criminal que campea en el Estado fue tan improvisada que AMLO prometió lo que no tenía modo de cumplir. En un caso, es cínico; en el otro, inepto’.

Fonseca agrega: ’Pero hay un detalle más siniestro: si en México no se puede gobernar porque los presidentes quedan atrapados por redes corruptas omnipresentes, entonces el Estado no puede hacerse cargo de la administración de justicia. Esto es, si se sigue la lógica de AMLO: la nación no posee jueces suficientes ni probos —por lo tanto es incapaz de juzgar según la ley y oportunamente—, no tiene dónde alojar a sus presos —de manera que es incapaz de política punitiva efectiva— y sus instituciones políticas no pueden con la beligerancia opositora —aun con mayoría absoluta de su partido en el Congreso, su gobierno no podría gobernar—. Todo porque los corruptos son tantos que ocuparían desde los liderazgos políticos a los cargos menores. Ergo (por lo tanto), el sistema es insostenible’.

Es entonces cuando propone: ’Si esta es la realidad que AMLO vio, entonces México es un Estado fallido y la solución a sus problemas no es local sino internacional. Así que, presidente AMLO, usted no necesita una amnistía ni un pacto de impunes que traicione a su electorado: usted necesita una Comisión Internacional contra la Impunidad, como la Cicig en Guatemala’.

Fonseca explica luego la vertiente de la Cicig que le interesa promover: ’La Cicig es un organismo creado en 2007 para apoyar de manera independiente a fiscales, jueces y policías en la investigación y para asistir en la prosecución de casos graves para la estabilidad institucional, sobre todo en materia de corrupción y violencia de Estado. Después de que Guatemala pidió su formación a Naciones Unidas, la Cicig ha estado detrás de los principales juicios de Estado en un país donde la justicia ha sido presa de los deseos de políticos, empresarios y militares’.

Subraya Fonseca: ’Gracias al trabajo inspirador de la Cicig, el juicio a Efraín Ríos Montt convirtió a Guatemala en uno de los pocos países latinoamericanos que ha juzgado crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras. Y fue por su colaboración que el expresidente Otto Pérez Molina acabó en la cárcel por corrupción junto con su vicepresidenta, ya condenada. Gracias también al apoyo de la Cicig grandes empresarios de Guatemala están siendo investigados por financiamiento electoral ilícito’.

El verdadero papel de la Cicig

El verdadero papel de la Cicig

La investigación de una mafia que cobraba sobornos a empresarios para permitirles evadir impuestos fue impulsada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, un órgano independiente creado con apoyo de la ONU que actúa conjuntamente con la Fiscalía General de Guatemala, con fuerte apoyo financiero de Washington.

Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de un fondo de 14 millones de dólares asignado en 2015 a la Cicig, hasta marzo de ese año Estados Unidos había aportado 7 millones 160 mil dólares. El resto del fondo lo aportan Canadá, Suecia y Noruega, entre otras naciones.

La Cicig nació el 12 de diciembre de 2006 cuando el entonces presidente de Guatemala Eduardo Stein firmó un acuerdo con la ONU. En mayo de 2007 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió una opinión favorable, y el 1 de agosto de ese mismo año la ratificó el Congreso.

Según el acuerdo, la Cicig funcionaría por periodos renovables de dos años, previa solicitud a la ONU de las autoridades guatemaltecas. La prórroga más reciente debía concluir el 15 de septiembre de 2015.

El entonces presidente Otto Pérez Molina ya había dado por concluidas las labores de la Cicig; no deseaba renovar por dos años más el mandato de la Cicig al concluir el acuerdo el 15 de septiembre de 2015.

El mandatario textualmente manifestó: “La fase de trabajo de la Cicig ya terminó y lo que no pudo hacer en ocho años seguramente no lo va a poder hacer en uno o dos años más”.

Aparentemente no había mayor problema con esa decisión. Era una decisión soberana del Presidente de la República, pero… luego de esas declaraciones, a comienzos de marzo de 2015 el entonces vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden se reunió en Guatemala con los mandatarios centroamericanos de los países del llamado Triángulo norte: Guatemala, Honduras y El Salvador.

Uno de los propósitos del encuentro fue negociar la aplicación de la Alianza para la Prosperidad, una iniciativa de mil millones de dólares del entonces presidente Obama, cuya aprobación aún estaba pendiente en el Congreso estadounidense.

En esa cumbre el vicepresidente Biden se refirió a la existencia de la Cicig, dejando en claro la importancia que la Casa Blanca le concede a la existencia de ese organismo y a la extensión de su mandato en territorio guatemalteco. El presidente Otto Pérez Molina no estaba de acuerdo con prolongar la permanencia de la Cicig pero Washington sí.

El vicepresidente de Estados Unidos dijo a la prensa: “La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debe ser prorrogada. Claro que es una decisión soberana, pero debe ser prorrogada si alguien espera que el Congreso de Estados Unidos se vaya a sumar a la iniciativa haciendo compromisos de miles de millones de dólares… la continuidad de la Cicig es muy, muy, muy importante”.


Al mes siguiente, el miércoles 1 de abril de 2015, Washington reforzó su presencia en la base militar que opera en territorio guatemalteco fronteriza con México. En la misma fecha, 1 de abril, instaló en su base militar de Palmerola, Honduras, una nueva unidad de la Fuerza de Tarea de Propósito Especial Aire-Tierra de Marines-Sur.

El 10 de abril en Panamá, en el marco de la II Cumbre Empresarial de las Américas, los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron un pacto que daba vida a una Unión Aduanera, conformando un solo territorio aduanero con un sistema electrónico moderno y eficaz, sin trámites y burocracia.

Seis días después, el 16 de abril, la Cicig y la Fiscalía de Guatemala denunciaron y practicaron arrestos por supuestos actos de corrupción en las aduanas guatemaltecas, en un caso que ahora es conocido como La Línea. La Cicig y el Ministerio Público arrestaron a 24 personas que estarían involucradas en una red de contrabando a gran escala.

Presuntamente estaban involucrados directivos de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, una entidad que debía evitar el contrabando, involucrando además a Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti Elías.

Así enviaban señales al presidente Otto Pérez Molina de que la misión de la Cicig en Guatemala no había terminado como él pensaba. Le estaban diciendo que sí había corrupción.

Los siguientes días el escándalo escaló en la prensa, hasta que el 24 de abril Pérez Molina no tuvo más remedio que extender el mandato de la Cicig por dos años más, hasta 2017.

La prensa, la radio y la televisión no cesaban de condenar al gobierno. Se enervaba a la opinión pública mediante acciones atizadas por los medios de comunicación. Se empezó a alimentar un profundo rencor hacia el gobierno de Otto Pérez Molina.

Como si fuera una acción concertada, una joven de clase media empezó a invitar en Facebook a partir del 16 de abril, fecha de la denuncia y de los primeros arrestos, a un grupo de amigos a salir a protestar. Pronto formaron un grupo de siete personas que se pusieron de acuerdo para soliviantar los ánimos de la gente.

En cuestión de días unas 10 mil personas ya se sentían inconformes y decidieron responder a una convocatoria abierta bajo el hashtag #RenunciaYa, que exigía la salida de la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías. Los medios de comunicación compartían totalmente estas iniciativas. Las personas que más interés mostraban en participar correspondían a una clase media influyente en la opinión pública, así como la cúpula empresarial.

El 25 de abril de 2015 varios miles de personas iniciaron la primera de una serie de manifestaciones. Los organizadores lo que hicieron fue prender una chispa en las redes sociales, y sorprendentemente algunos segmentos de la clase media se metieron al fuego.

Lo que alimentó la chispa fue la machacona acción de alimentar el malestar en contra del gobierno en las redes sociales; aunque la clase media representa sólo 10% de la población de 16 millones de personas, resultaba muy ruidosa al concentrar a profesionales del país con gran influencia en la opinión pública

La primera marcha se produjo un día después de que el presidente Otto Pérez Molina aceptara extender el mandato de la Cicig, hasta 2017 bajo presión de Estados Unidos. Con el paso de los días se sucedieron otras más, al grado que se vio opacado el 2 de mayo el inicio de las campañas para las elecciones presidenciales del domingo 6 de septiembre de 2015.


El objetivo real era quitar al gobierno el control de las elecciones mediante un gran escándalo que provocara su caída, en primer lugar la de la vicepresidenta Roxana Baldetti. En efecto, el jueves 7 de mayo de 2015 el Congreso, encabezado por el diputado Luis Rabbé, del opositor partido Libertad Democrática Renovada (Lider), formó una comisión que se encargaría de determinar si existían suficientes indicios para retirarle la inmunidad a la vicepresidenta y así poder investigarla.

Al siguiente día, la tarde del viernes 8 de mayo de 2015, el presidente Pérez Molina dio a conocer la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y señaló que al separarse renunciaba también a la inmunidad propia del cargo que estaba dejando.

Tras el anuncio del presidente respecto a la dimisión de la vicepresidenta, unos tres mil guatemaltecos se reunieron la noche del mismo viernes con petardos y gritos frente al Palacio Nacional de la Cultura en la capital guatemalteca. En esa edificación un grupo de personas se había encadenado desde hacía una semana exigiendo la renuncia de la vicepresidenta.

El Departamento de Estado norteamericano tomó nota de la renuncia de la vicepresidenta. Jeff Rathke, portavoz adjunto del Departamento de Estado, dijo en un comunicado que Estados Unidos apoyaba los esfuerzos del presidente Otto Pérez Molina y de su administración para abordar las acusaciones de corrupción oficial, animando a Guatemala a reforzar la transparencia.

El Departamento de Estado dijo específicamente: “Reforzar la transparencia y las responsabilidades gubernamentales es un elemento central de la Alianza para la Prosperidad (…) (Guatemala) sigue siendo un socio importante de Estados Unidos y un líder regional”.

Washington urgió a todos los guatemaltecos a apoyar a las instituciones gubernamentales que investigan y persiguen las acusaciones de corrupción, y emplazó al gobierno de Pérez Molina a trabajar estrechamente con la Cicig.

Tras la renuncia de Roxana Baldetti, el siguiente paso de sus acusadores fue conseguir el arresto de la ahora ex vicepresidenta. Luego de su renuncia el 8 de mayo de 2015 fue arraigada al día siguiente 9 de mayo. Días más tarde fue aprehendida.

Miguel Ángel Gálvez Aguilar, juez primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo B, firmó la orden de aprehensión el miércoles 19 de agosto de 2015 y se ejecutó dos días después. El viernes 21 de agosto fue detenida en un hospital, al que había ingresado cuatro días antes; de inmediato fue recluida en la cárcel de mujeres Santa Teresa.

La exvicepresidenta siempre sostuvo su inocencia. Y en el mismo sentido se había expresado el presidente Pérez Molina.
En redes sociales, prensa, radio y televisión siguieron atizando el fuego, hasta enervar más, empujando protestas callejeras con el afán de alcanzar el siguiente objetivo, que era expulsar del poder al presidente Pérez Molina y enviarlo también a prisión.

El general retirado Otto Pérez Molina de 61 años había juramentado como 48º. presidente de Guatemala el sábado 14 de enero de 2012 para un periodo de cuatro años. Debía entregar el poder el 14 de enero de 2016 al ganador de las elecciones del 6 de septiembre de 2015.

Fue obligado a renunciar el miércoles 2 de septiembre de 2015. Después de hacerlo, Pérez Molina declaró que sus acusadores “tienen toda la intención de destruirme”, e hizo un llamado al juez de la causa a fin de que no se dejara presionar ni manipular “ni por los medios ni por instancias extranjeras ajenas al país”. Al referirse a “instancias extranjeras”, Pérez Molina se refería a la Cicig y específicamente a Estados Unidos.

El martes 1 de septiembre el Congreso de Guatemala había retirado la inmunidad al Presidente, razón por la que debía responder ante los tribunales ordinarios por los delitos que se le imputaban: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.

Apenas dos horas después de su desafuero el 1 de septiembre, el juez de la causa Miguel Ángel Gálvez otorgó medida de arraigo solicitada por el Ministerio Público para evitar su salida del país. Congreso aceptó el jueves 3 de septiembre la renuncia de Pérez Molina. Ese mismo día el ya ex mandatario presentó a declarar ante los tribunales. Ya para entonces la fiscal general de Guatemala Thelma Aldana había solicitado el arresto del ex jefe de Estado al final de la audiencia.

En efecto, fue detenido al final de la audiencia y pasó el jueves 3 de septiembre su primera noche en la cárcel de Matamoros, una fortaleza militar convertida en prisión para reclusos de alto impacto, luego de que el juez Miguel Ángel Gálvez ordenara su encarcelamiento.

Ese mismo jueves entró en funciones el nuevo presidente, el derechista Alejandro Maldonado Aguirre de 79 años, que había entrado como vicepresidente por Roxanna Baldetti, involucrada en un caso de corrupción estatal conocido como La Línea.

Le llamaban así porque porque cuando sometían a revisión los furgones en las aduanas guatemaltecas los importadores recibían un número telefónico al que debían comunicarse para obtener descuentos en los impuestos a pagar al fisco. Del cien por ciento de impuesto de los contenedores, 40% era pagado al fisco, 30% correspondía al soborno y el resto 30% se dejaba pagar al Estado.

Claudia Palacios lo escribió muy bien en el diario lahora.gt, cuando ha señalado que son el eslabón faltante en la ola de arrestos los empresarios que se beneficiaron económicamente de las actividades ilícitas de La Línea. Hasta septiembre de 2015 el Ministerio Público no había efectuado capturas en este sentido.

¿El presidente Otto Pérez Molina había dado motivos a Washington para estar inconforme con su actuación?

Veamos. Una vez que juramentó como presidente de Guatemala el 14 de enero de 2012, Pérez Molina se empeñó en construir un gobierno con un verdadero liderazgo en la región. Tan pronto asumió el poder y como parte del plan de seguridad de su gobierno, inició la construcción de una cárcel de máxima seguridad financiada por el gobierno comunista chino de Taiwán.

Continuando con su plan, en febrero de 2012, un mes después de tomar el poder, el presidente Pérez Molina impulsó una polémica propuesta que tendía a la despenalización de las drogas, y para debatir el tema convocó a una cumbre en la capital de Guatemala a las naciones centroamericanas para el sábado 24 de marzo de 2012.

Pensaba que la despenalización de las drogas contribuiría decididamente a reducir la violencia no sólo en Guatemala sino en toda la región centroamericana. Sólo los presidentes de Costa Rica y Panamá acudieron a la cita. Honduras, El Salvador y Nicaragua no estuvieron de acuerdo y no concurrieron.

El presidente Pérez Molina acusó a Washington de haber boicoteado la cumbre. Las naciones que no participaron se encargaron de desmentir al presidente guatemalteco al asegurar que Washington no tuvo nada que ver en sus respectivas decisiones .

Al año siguiente, el 6 de abril de 2013, Washington organizó en la misma capital guatemalteca su propia cumbre antidrogas, pero con un sentido diferente, el injerencista, el que le conviene, ahora sí, ¡con la participación de todos!

Fueron convocadas 34 naciones del hemisferio. En su momento, el presidente Pérez Molina declaró que Estados Unidos boicoteó la cumbre convocada por el gobierno guatemalteco en 2012 por temor a que Centroamérica acordara una posición conjunta sobre su propuesta de despenalizar las drogas.

Muy temprano la Casa Blanca empezaba a pensar que el presidente Otto Pérez no era un aliado confiable. Si tenía dudas, siete meses después, el 28 de noviembre de 2013, se habría encargado de disiparlas la firma en Moscú de un Convenio sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones Rusia-Guatemala.

En ese momento el viceministro de Desarrollo Económico de Rusia Alexéi Lijachov subrayó que Guatemala, el país más grande de Centroamérica, productor del 38% del PIB de la región, es uno de los socios más importantes de Moscú en la zona.

Alexánder Ribakov, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia, en cuyo recinto se celebraba la reunión, destacó la ubicación estratégica de Guatemala bañada por las aguas de los océanos Atlántico y Pacífico.

Es conveniente recordar que Washington, junto con la Unión Europea, ha estado imponiendo sanciones a Rusia y a China por diferentes asuntos que afectan sus intereses. Y la relación Rusia-Guatemala afectaba sus intereses.

Pero hubo algo más que colmó la paciencia de Washington.

Un mes y 13 días antes de que detonara el escándalo en las aduanas, que derivó el 16 de abril en los primeros arrestos de funcionarios guatemaltecos, se celebró el Día de Guatemala en Moscú. Concretamente el 3 de marzo de 2015, en el marco del 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Guatemala. Hubo compromisos, así como la intención de desempolvar viejos proyectos.

En la actualidad hay un conflicto sin resolver entre el colombiano Iván Velásquez, jefe de la Cicig, y el presidente de Guatemala Jimmy Morales, que han sostenido más de un año de enfrentamientos políticos y judiciales. El mandatario ordenó el 4 septiembre último no permitir su reingreso al país, luego de que un día antes Velásquez había viajado a Estados Unidos.

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