Se ’aceleran’ ex priistas hoy senadores de Morena y pretenden disponer de las cosas de Quintana Roo


Asediado por disputas entre grupos políticos, intenta Aguakan salvar su concesión en 4 municipios; exige la cancelación de la concesión una senadora de Morena que en 2014, como miembro del PRI, votó por la ampliación a 2053 de esos derechos

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Noviembre 20, 2018 19:32 hrs.
Empresas Nacional › México Quintana Roo
Justo May Correa › enbocaspalabras

Actores políticos del PRI que con Morena se convirtieron en senadores presionan al gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín (PAN-PRD), con la esperanza de que el mandatario cancele los derechos por los segundos 30 años de una concesión a Aguakan que data de 1993, derechos por los que su antecesor Roberto Borge Angulo —actualmente en prisión sujeto a proceso— recibió mil millones de pesos que en pocas horas desaparecieron de las arcas públicas. El gobierno de Carlos Joaquín rastrea el destino que tuvieron esos recursos.

En 1993, también por derechos del título de concesión, la administración de Mario Villanueva Madrid (1993-1999) recibió de Aguakan 15 mil millones de viejos pesos, por los primeros 30 años, con vencimiento en 2023.

La ex priista senadora de Morena Marybel Villegas Canché —quien exhibe su poderío publicando fotos de su cercanía con el presidente electo de México—, ha exigido una vez más este lunes al gobernador Carlos Joaquín revocar el título de concesión a Desarrollos Hidráulicos de Cancún/Aguakan, por cuya ampliación a 2053 ella misma votó el 11 de diciembre de 2014, cuando era diputada local del PRI.

Ese 11 de diciembre, sin ningún reparo, también votaron por la ampliación 15 más de sus compañeros legisladores del mismo partido, entre ellos Jesús Pool Moo, actual diputado federal de Morena, quien al principio de la administración panista-perredista de Carlos Joaquín, tras denostar contra el PRI, fue designado por Carlos Joaquín subsecretario de Gobierno, posición que siempre le pareció poca cosa y finalmente renunció —ni siquiera oficina tenía, sino un más bien un cuartito con recibidor en la avenida La Luna de Cancún—, para pasarse a las filas del lopezobradorismo. Las otras bancadas representadas en el Congreso local también votaron por darle más años a Aguakan.

Una de las frecuentes conferencias de prensa que convoca Villegas se produjo este lunes 19 de noviembre, en la que expresó: “El principal problema de Aguakan radica en el incumplimiento del contrato y de sus obligaciones, sobre todo en la ampliación que hizo en el 2014. Hoy hay un reclamo social, un alto costo, un daño ambiental irreparable, problemas de drenaje y alcantarillado, además del mal tratamiento y saneamiento del agua”.

Más mesurado, el también ex priista senador de Morena José Luis Pech Várguez asentó que “Nunca más deberá darse en concesión a empresas privadas un servicio de agua potable en Quintana Roo, como el que tiene Aguakan en cuatro municipios del estado”.

Al referirse al pronunciamiento que hiciera la víspera el Senado de la República, a instancias de Villegas Canché, mediante un Punto de Acuerdo con relación a que sea retirada la concesión a Aguakan en municipios de Quintana Roo, el legislador dijo que no se puede afirmar que es inminente que la autoridad estatal llevará a cabo una medida de ese tipo, debido a que resultaría muy caro hacerlo y bajo las condiciones en que se encuentran las finanzas gubernamentales en la entidad, sería imposible.

Ampliaron el plazo de la concesión a 9 años de su vencimiento

En Quintana Roo, con nueve años de anticipación, Aguakan quiso en 2014 asegurarse por 30 años más, hasta 2053, una concesión para el abasto de agua potable de tres décadas que recibió en 1993 y que abarcaba a 2023.

Si bien negoció y alcanzó ese propósito bajo el liderazgo del gobernador priista Roberto Borge Angulo (2011-2016), no contaba con que el PRI dejaría de mandar en el estado después de las elecciones del 5 de junio de 2016, con el consecuente cambio en las reglas del juego de sus propios aliados, que pensaban y actuaban de una forma mientras fueron priistas y hoy lo hacen de una manera diferente desde la formación política de Morena —el partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador—, a la que se cambiaron y desde la cual pretenden ponerse a tono con la limpieza de miras a la que aspira el próximo mandatario, llenando de condenas a la concesionaria, como si personas extrañas a ellos hubieran sido las que tomaron las decisiones que hoy critican.

El agua es gratis. Lo que cuesta es una compleja infraestructura que en 2016 era de 200 pozos de captación y 76 estaciones de rebombeo, y el tendido de una red de 3,096 kilómetros —que incluye obras submarinas— para abastecer a los más de 350 mil actuales clientes de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC-AGUAKAN) en cuatro municipios del norte de Quintana Roo: Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos.

La original concesión, que data del 20 de octubre de 1993, en un principio abarcaba los municipios de Benito Juárez —donde está Cancún— e Isla Mujeres. Luego, en 2014 se extendió al municipio de Solidaridad, donde está Playa del Carmen —fundado el 28 de julio de 1993—, y también al de Puerto Morelos, fundado en 2015 con una porción territorial de Benito Juárez.

El 20 de octubre de 1993 el Periódico Oficial del gobierno de Quintana Roo publicó el decreto que otorgaba inicialmente por 30 años —hasta 2023— la concesión de agua potable de Cancún e Isla Mujeres a Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC-AGUAKAN).

Nace la CAPA en 1981, con Pedro Joaquín Coldwell

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado de Quintana Roo se creó mediante decreto número 14 de la III legislatura de fecha 30 de septiembre de 1981, en el primer año de la administración del gobernador Pedro Joaquín Coldwell (1981-1987), que asumió el poder el 5 de abril de 1981. Dicho decreto fue publicado en el Periódico Oficial del 6 de octubre del mismo año 1981.

La CAPA surgió como un organismo descentralizado mixto del estado y de los municipios, para garantizar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales que apoyaran la preservación de la salud, el mejor desarrollo del estado y la conservación del medio ambiente, para con ello dar cumplimiento a la Constitución local.

No obstante que a lo largo de sus 12 años de existencia la CAPA fue autosuficiente, además de cubrir los costos de operación y mantenimiento, y aún cuando el organismo era único en el país con jurisdicción estatal y mayor cobertura de servicios, el Censo General de Población de 1990 y el índice de cloración recomendado por la Secretaría de Salud impuso la necesidad de introducir a la sustentación jurídica los cambios y actualizaciones que reclama la modernización de los servicios públicos.

1992: Miguel Borge da los primeros pasos para privatizar

Lo anterior motivó que en octubre de 1992 el gobernador de Quintana Roo Miguel Borge Martín (1987-1993) enviara a la VI legislatura una iniciativa de decreto de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, con el objetivo de actualizar sus bases normativas a fin de garantizar el abasto de agua potable para los siguientes años.

Asimismo, para incrementar el tratamiento de aguas residuales, modernizar las instalaciones y equipos eléctricos, redes de suministro e incrementar la infraestructura de saneamiento, particularmente en aquellos núcleos de población que por sus propias características socioeconómicas registraran índices de crecimiento demográfico acelerado.

Los cambios legales propuestos se integraron fundamentalmente por modificaciones en los aspectos administrativos y operativos del sistema de agua potable y alcantarillado del estado, así como en la apertura de la inversión a los sectores social y privado.

Se contempló también la facultad de los ayuntamientos para otorgar, a través de la Comisión de Agua Potable, la concesión total o parcial de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, los bienes de dominio público integrados a la Comisión que constituían la infraestructura hidráulica, la construcción y operación de un sistema de servicio público de agua potable y alcantarillado; el financiamiento, construcción, operación, conservación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, así como la concesión o autorización a los particulares para prestar el servicio al público de conducción, potabilización, suministro, distribución o transporte de aguas.

16 de diciembre de 1992, decretan reformas a la Ley de la CAPA

El Decreto de reformas y adiciones a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado fue expedido por el Congreso dos meses después, el 16 de diciembre de 1992.

En su iniciativa el gobernador Miguel Borge argumentó que “las grandes tareas colectivas son ahora compartidas entre el sector público, el sector social y el privado. Ya no es el gobierno el único protagonista del desarrollo colectivo. No sería democrático que en la consecución de los intereses comunes el beneficiario no pueda intervenir. Tampoco es democrático que sólo el poder público sea el responsable y lleve las cargas de los problemas y demandas sociales”.

8 de septiembre de 1993, bases del Título de Concesión

Por resolución del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de fecha 8 de septiembre de 1993 —ya en el gobierno de Mario Villanueva Madrid (1993-1999), que había tomado posesión el 5 de abril de ese año— se firmó un Convenio que estableció las bases para el otorgamiento del Título de Concesión, el cual fue suscrito por el gobierno del estado, por la propia Comisión, por los municipios interesados y por la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (Aguakán).

Por sesión de los cabildos de aquella época, de Benito Juárez, encabezado por Carlos Cardín Pérez, e Isla Mujeres, encabezado por Jorge Luis Cárdenas Bazán, cada uno de los ayuntamientos de los municipios involucrados ratificaron las bases para el otorgamiento de esta concesión, autorizando a cada uno de los presidentes municipales para su otorgamiento.

Del estudio y análisis del referido documento se desprendieron los principios básicos de la Concesión, que con aquellos que fueron sugeridos por las Comisiones Unidas se resumían en los siguientes ocho puntos:

1.- El estado y los municipios concedentes, por sí o a través de CAPA, mantienen la rectoría en la prestación del servicio público concesionado en los términos de la Ley de la materia, el Título de Concesión que se expida y las bases normativas para su otorgamiento emitidas por CAPA. En caso de revocación, la operación del servicio se revertirá a los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, bajo la rectoría de CAPA.

1993- 2023: Concesión por 30 años

2.- El Título de Concesión no otorga derechos reales a la empresa concesionaria, y determina una serie de obligaciones para la concesionaria no sujetos a dispensa, pues ésta se obliga a prestar los servicios públicos que se concesionan en forma regular, oportuna, continua, eficiente y con niveles de calidad.

3.- No se otorga por un término indefinido, sino que establece un plazo de 30 años para su conclusión (hasta 2023), o darse por terminado anticipadamente en caso de incumplimiento por parte de la concesionaria, caso fortuito o fuerza mayor, mediante la intervención, requisa o revocación. Durante la vigencia de la concesión la empresa está obligada a mantener su calidad de sociedad mexicana y a conservar esta nacionalidad.

4.- Reconoce el derecho de rescate que en todo tiempo conserva el estado para recuperar, al término de la Concesión, las instalaciones y equipos que forman parte de la Concesión y aquellas instalaciones que se desarrollen durante la vigencia de la misma, las cuales se revertirán y pasarán a formar parte del patrimonio de los gobiernos estatal y municipales, o de CAPA.

Recibió el gobierno de Mario Villanueva 15 mil millones de viejos pesos por Derechos de Concesión

5.- Establece la obligación de la empresa concesionaria de cubrir al gobierno del estado por concepto de Derechos de Concesión, las siguientes cantidades:

a).- N$15,000,000 (Quince millones de nuevos pesos) (15 mil millones de viejos pesos) como pago inicial.

b).- N$3,500,000 (tres millones quinientos mil nuevos pesos) (3,500 millones de viejos pesos) por el primer año de operación.

7,500 millones de viejos pesos anuales para el gobierno estatal

c).- N$7,500,000 (siete millones quinientos mil nuevos pesos) (7,500 millones de viejos pesos) anuales a partir del segundo año de operación, hasta el término de la Concesión.

La actualización de las anteriores cantidades se entienden indexadas al índice nacional de precios al consumidor y exhibidas por cada año por transcurrir.

6.- La empresa concesionaria se obliga, además, a constituir una fianza suficiente para garantizar todas y cada una de sus obligaciones que se deriven del Título de Concesión.

7.- El gobierno del estado y los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres se reservan la facultad de revocar la Concesión por violaciones a los términos de la misma, de las bases normativas para su expedición o de la Ley de la materia.

8.- La Legislatura del estado hará evaluaciones semestrales sobre el estado financiero y las condiciones de operación en la prestación del servicio público que se concesiona. Para tal efecto, CAPA informará semestralmente a la Legislatura sobre el resultado de la supervisión y monitoreo que realice de la funcionalidad y calidad del servicio público, así como de las metas y objetivos perseguidos.

Octubre 20/1993: Periódico Oficial publica Decreto 28 que da la concesión a Aguakan

Un mes después, 19 de octubre de 1993, el dictamen fue aprobado por las respectivas comisiones de la VII legislatura y publicado al día siguiente, 20 de octubre, en el Periódico Oficial del gobierno de Quintana Roo mediante Decreto número 28.

Aprobaron por la Comisión de Puntos Constitucionales: Pedro Poot Uicab, como diputado presidente, y los demás diputados integrantes de la misma: Enrique Sotelo Gerónimo, José I. Santamaría Casanova, Pedro Mahay Caamal y Tomás Contreras Castillo.

Por la Comisión de Estudios de la Administración Pública: Tito Raúl García Aguilar, como diputado presidente, y los demás integrantes de la misma: Margarito Albornoz Cupul, Agapito Magaña Sánchez, Francisco Lara González y Hugo Ravell Magaña.

Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta: Agapito Magaña Sánchez, Tito Raúl García Aguilar, José I. Santamaría Casanova y Primitivo Alonso Alcocer.

Por la Comisión de Industria y Comercio: Manuel Tacú Escalante, como diputado presidente, y los demás diputados integrantes de la misma: Margarito Buitrón Hernández, Luis Romero Rivera, Pedro Mahay Caamal y Enrique Zurita Priego.

Reza el Dictamen de la Concesión:

Primero.- Es de aprobarse la Concesión que otorgan el Gobierno del Estado y los Municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres en favor de “Desarrollo Hidráulicos de Cancún”, S.A. de C.V., para la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, drenaje, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en las ciudades de Cancún e Isla Mujeres en el estado de Quintana Roo.

2014: Roberto Borge adelanta 9 años la renovación de la concesión 2023/2053 y recibe mil millones de pesos

El 5 de diciembre de 2014 el gobernador Roberto Borge Angulo, representantes de CAPA y Aguakan firmaron un contrato mediante el cual la concesionaria se comprometía a pagar al gobierno una cantidad extraordinaria de mil 55 millones 999 mil 962 pesos, como contraprestación única al concluir con el trámite de privatización del agua, pactado “a más tardar” para el 18 de diciembre de ese mismo año.

El 11 de diciembre de 2014, la XIV legislatura extendió por 30 años más, hasta el 31 de diciembre de 2053, la vigencia del título de concesión, que fenecía hasta 2023, otorgada a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., mediante Decreto 250 del Congreso del Estado, haciéndolo con nueve años de anticipación.

Mediante el mismo decreto 250, el Congreso incorporó la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales del municipio de Solidaridad bajo las mismas condiciones y vigencia establecidas.

De esta manera, la concesión abarcaba los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, y ahora el de Puerto Morelos.

Con el decreto 250 el Congreso autorizó al gobernador Roberto Borge, y a los presidentes municipales de Benito Juárez, Paul Carrillo; de Isla Mujeres, Agapito Magaña, y de Solidaridad, Mauricio Góngora, a suscribir el Convenio Modificatorio Segundo al Título de Concesión de fecha 20 de octubre de 1993.

Estos son los diputados que aprobaron a Borge la concesión a Aguakan hasta 2053, adelantando 9 años la gestión

Cuatro días después de publicado el decreto 250, el 15 de diciembre el Periódico Oficial publicó el decreto 251, por el que se autorizó a la CAPA a contratar uno o varios créditos bancarios o emitir los certificados bursátiles a través de una o varias emisiones hasta por un monto de 980 millones de pesos, con un plazo de obligación de pago de hasta 15 años.

Sin embargo, dicho decreto 251 fue echado para atrás mediante la publicación de su abrogación en Periódico Oficial del estado el 6 de octubre de 2015, porque la emisión de certificados bursátiles de las entidades públicas no estaba despertando interés del gran público inversionista.

Paula Guadalupe González Cetina, a la sazón directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo, explicó que considerando el alto riesgo que implicarían esas operaciones, las instituciones financieras recomendaron replantear el decreto, con el fin de que únicamente se contemplara la obtención de los 980 millones de pesos a través de un financiamiento directo con instituciones bancarias.

De conformidad con lo anterior, solicitó se autorizara a través del ejecutivo del estado, en términos del artículo 68 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, presentar ante la legislatura local la iniciativa de abrogación del Decreto 251 en todos sus términos, como sucedió.



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